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Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 16 segundosLa Secretaría de Agricultura reglamentó el procedimiento para reconocer en Argentina las Indicaciones Geográficas protegidas en los países del Mercosur. La medida impacta sobre productos agrícolas y alimentarios con identidad territorial y abre un proceso de consulta pública que involucra al INPI, productores y actores privados. El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para el reconocimiento y protección en Argentina de las Indicaciones Geográficas (IG) originarias de los países del Mercosur. La medida fue establecida mediante la Resolución 67/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y apunta a ordenar el procedimiento técnico, jurídico y administrativo derivado del acuerdo regional aprobado por la Ley 27.765. La medida parece técnica, pero impacta directamente sobre el negocio de los alimentos con identidad territorial, un segmento donde Misiones juega una partida sensible con la yerba mate, el té y otros productos regionales con valor agregado. La decisión incorpora un mecanismo formal de publicidad y consulta pública para productos agrícolas y alimentarios ya reconocidos en otros Estados parte del bloque regional. El nuevo régimen habilita además la intervención de terceros interesados y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en un contexto donde las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se volvieron activos estratégicos para el comercio internacional y la diferenciación de productos agroalimentarios. La decisión llega en un contexto donde los mercados internacionales empiezan a premiar cada vez más los productos con trazabilidad territorial y diferenciación de origen, una tendencia que excede lo gastronómico y se convierte en una herramienta de competitividad exportadora. El Gobierno ordena el reconocimiento regional de productos con identidad territorial La resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, regula el trámite previo al reconocimiento en Argentina de las Indicaciones Geográficas protegidas en Brasil, Paraguay y Uruguay, siempre que esos productos ya estuvieran oficialmente reconocidos al momento de entrada en vigencia del acuerdo del Mercosur. El esquema establece que la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional será la encargada de administrar el procedimiento, publicar las fichas técnicas de los productos y coordinar el proceso de consulta pública. El sistema prevé la publicación oficial de las indicaciones geográficas durante un día en el Boletín Oficial y en el portal Alimentos Argentinos. A partir de allí se abrirá una ventana de 30 días para que personas físicas o jurídicas presenten objeciones fundadas si consideran, por ejemplo, que el nombre es genérico, colisiona con una marca registrada o puede inducir a error sobre el origen del producto. El procedimiento también obliga a requerir opinión técnica del INPI, que deberá expedirse dentro del mismo plazo. La resolución aclara que el reconocimiento final quedará sujeto al dictamen técnico nacional y al procedimiento previsto dentro del Mercosur. El impacto potencial para economías regionales Aunque la resolución no menciona productos específicos, el trasfondo económico involucra de manera directa a las economías regionales argentinas y a sectores donde el valor agregado depende cada vez más de la certificación de origen, la reputación territorial y la diferenciación de calidad. Para provincias como Misiones, donde la identidad productiva está fuertemente asociada a cadenas agroindustriales y alimentos regionales, el fortalecimiento institucional de las indicaciones geográficas puede convertirse en una herramienta de competitividad externa y protección comercial. La medida también expone otra dimensión: la creciente articulación entre política comercial, propiedad intelectual y estrategias de integración regional. El Mercosur avanza hacia mecanismos de reconocimiento mutuo que obligan a armonizar normas nacionales y sistemas de control, en momentos en que los mercados internacionales elevan exigencias sobre trazabilidad y autenticidad de origen. La economía del “origen”: por qué Misiones mira este tema con atención Las Indicaciones Geográficas funcionan como una certificación de reputación productiva. Protegen nombres vinculados a territorios específicos cuya calidad o características dependen del lugar de producción. Europa construyó buena parte de su estrategia agroalimentaria sobre ese esquema. El Mercosur intenta ahora avanzar hacia una integración similar. Para Misiones, el tema no es menor: La resolución no crea nuevas IG argentinas, pero sí ordena cómo ingresarán las extranjeras al sistema nacional. Ahí aparece el punto delicado para economías regionales fronterizas. Misiones comparte más de 90% de sus límites con Brasil y Paraguay. Esa condición genera ventajas logísticas, pero también una competencia comercial permanente. Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, tributarias y regulatorias entre países vecinos— impactan directamente en precios, consumo y posicionamiento de marcas. Con este nuevo esquema, productos brasileños o paraguayos que tengan protección geográfica podrían obtener reconocimiento formal en Argentina y fortalecer su posicionamiento comercial. Eso obliga a las cadenas productivas misioneras a acelerar procesos de diferenciación. Para el sector yerbatero, el desafío no es solamente productivo. También es reputacional. La disputa futura ya no pasa únicamente por volumen o precio, sino por atributos: origen, calidad certificada, trazabilidad, sostenibilidad, e identidad territorial. En mercados premium, esos factores empiezan a definir márgenes. Consulta pública, marcas y posibles conflictos Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es la posibilidad de oposición por parte de empresas o titulares de marcas registradas en Argentina. La normativa contempla expresamente conflictos con marcas preexistentes, nombres genéricos o denominaciones que puedan inducir a confusión. Ese detalle introduce una variable jurídica relevante: el reconocimiento automático regional no será inmediato ni lineal, sino que dependerá de la compatibilidad con el régimen argentino de propiedad intelectual y denominaciones de origen. El procedimiento también revela un cambio institucional más amplio dentro del Mercosur. El bloque empieza a incorporar herramientas típicas de acuerdos comerciales más sofisticados, donde los activos intangibles —marca país, origen, reputación y certificación— adquieren peso equivalente al arancel o al volumen exportador. La resolución no crea nuevas estructuras administrativas ni implica partidas presupuestarias adicionales, pero sí abre una etapa de mayor complejidad regulatoria para productos agroalimentarios con identidad territorial. La próxima variable a observar será qué indicaciones geográficas ingresarán primero al sistema de reconocimiento mutuo y si aparecerán objeciones empresariales o disputas vinculadas al uso comercial de determinadas denominaciones dentro del mercado argentino. El impacto silencioso sobre exportaciones y valor agregado Aunque el texto oficial no menciona economías…