Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 53 segundosProductores yerbateros de Misiones reclaman al Gobierno provincial la sanción de una ley de emergencia que fije un precio mínimo obligatorio para la hoja verde, tras la desregulación del INYM y las protestas registradas durante la visita de Javier Milei a la provincia. La cadena yerbatera misionera atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Desde que el Gobierno nacional recortó, a través del DNU 70/2023, las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el precio de la hoja verde quedó librado a la negociación directa entre productores e industria, un esquema que los pequeños chacareros describen como profundamente desigual. El malestar quedó a la vista cuando el presidente Javier Milei visitó Puerto Iguazú para cerrar la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Mientras el mandatario ratificaba ante empresarios y gobernadores que no habrá cambios en el rumbo económico ni devaluación a la vista, cientos de productores yerbateros y tabacaleros llegaron con tractores y camiones desde localidades como Andresito, Jardín América, Aristóbulo del Valle y San Vicente para manifestar su rechazo frente a las inmediaciones del hotel donde se desarrollaba el encuentro. Según los organizadores, solo desde Andresito se movilizaron más de 180 personas entre productores y trabajadores rurales. Los números explican buena parte del reclamo. Dirigentes del sector señalan que a fines de 2023 el kilo de hoja verde se pagaba en torno a los 210 pesos, con un costo de cosecha muy inferior al actual. Hoy ese valor se ubica entre 220 y 300 pesos, según la modalidad de pago, mientras que los costos de producción —combustible, mano de obra, corresponsabilidad gremial— se multiplicaron varias veces. El resultado, coinciden distintas voces del sector, es una actividad que ya no cubre sus propios costos y que está afectando incluso el cuidado de los yerbales, con menos fertilización y menos limpieza de las plantaciones. Frente a este escenario, un grupo de productores, tareferos y legisladores provinciales presentó en la Legislatura misionera el proyecto de “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”. La iniciativa, que ingresó de la mano de la diputada Arabela Soler y contó con el acompañamiento de distintos bloques legislativos, propone declarar la emergencia del sector por 360 días, con posibilidad de extenderla por igual período, y alcanza a los productores con hasta 50 hectáreas cultivadas, un universo que representaría cerca del 90% de los productores de la provincia. El corazón del proyecto es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para toda persona o empresa que compre esa materia prima a los productores alcanzados por la norma. Según el texto, ese valor deberá contemplar los costos directos e indirectos de una explotación eficiente, el pago de la mano de obra conforme a la legislación vigente y las obligaciones tributarias y previsionales, además de un margen que permita la continuidad económica de las chacras. El precio debería actualizarse, como máximo, cada 90 días. Cualquier acuerdo que fije un valor inferior sería considerado inválido, y el comprador quedaría igualmente obligado a pagar la diferencia. El proyecto también prevé herramientas de fiscalización —inspecciones, auditorías, sistemas de trazabilidad— y un régimen de sanciones que incluye multas, suspensión de habilitaciones e inhabilitación para acceder a beneficios provinciales, en los casos de incumplimiento. El asesor jurídico del sector, Federico Padolski, sostiene que la pérdida de las facultades regulatorias del INYM dejó a los pequeños productores frente a lo que definió como un mercado oligopsónico, donde un número reducido de industrias termina fijando el precio de la materia prima. Por eso, remarca, la intervención estatal no busca imponer un precio único, sino garantizar un piso por debajo del cual no puedan concretarse operaciones. No todas las voces del sector comparten el mismo optimismo sobre la viabilidad de la medida. Especialistas y referentes de la industria consultados por distintos medios advierten que Misiones nunca antes fijó un precio de referencia para la hoja verde, y que sería la primera vez que la provincia avanza en ese sentido en un contexto nacional que profundiza la desregulación. Voces críticas recuerdan además que en los últimos meses hubo mesas de diálogo entre el Ministerio del Agro, industriales y productores que no derivaron en compromisos concretos de precio, lo que alimentó cierta desconfianza entre los chacareros más golpeados por la crisis. El reclamo no se limita a la producción primaria. Desde el Sindicato Único de Obreros Rurales y la Asociación Civil de Tareferos remarcan que la crisis también golpea con dureza a los trabajadores de la cosecha, cuyos ingresos dependen directamente del precio que reciben los productores, y piden que cualquier solución contemple también una emergencia tarefera. Con el proyecto ya en comisiones y el debate legislativo por delante, el desafío para Misiones será determinar si el Estado provincial puede convertir esta herramienta en una protección real para miles de familias yerbateras, en momentos en que la caída de rentabilidad amenaza con acelerar el abandono de la actividad en buena parte del territorio misionero.