GENERALES

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 12 segundosEl Ministerio de Economía adjudicó la licitación millonaria a Jan de Nul-Servimagnus, lo que abrirá la puerta al Grupo Román, los hermanos Neuss, Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. Proceso plagado de denuncias por direccionamiento terminará judicializado. El Gobierno adjudicó la Hidrovía y presentó el cierre del proceso como un “éxito”. Desde antes de la apertura de los primeros sobres, Ambito dio cuenta sobre las graves irregularidades y cuestionamientos que atravesaron la licitación de una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio exterior argentino. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC y adjudicó el contrato a la firma Jan de Nul-Servimagnus, que, según el Ejecutivo, presentó la mejor oferta. La belga tiene como socio local y «pantalla» al Grupo Román, del magnate Ricardo Román y cuyas negociaciones llevó adelante su hijo Leonardo. La decisión se conoce en medio de fuertes cuestionamientos al proceso licitatorio. Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales advirtió sobre posibles irregularidades en el pliego, entre ellas un presunto direccionamiento a favor del consorcio ganador, conflictos de interés dentro del comité evaluador, una tarifa mínima de peaje que habría condicionado las ofertas (impulsando un empate entre los valores, algo nunca visto) y sospechas de costos inflados en el esquema de dragado y balizamiento que serán cedidos al tándem Elías-Ondarcuhu. Entre los puntos más sensibles, el informe señaló que el sistema de evaluación habría favorecido a Jan de Nul-Servimagnus frente a otros competidores, mientras que también cuestionó el costo de u$s10 millones exigido para presentar impugnaciones contra el Comote Evaluador que tenía a uno de sus integrantes en un doble rol que favoreció a Jan de Nul y su puntuación en este proceso. Además, apuntó contra la fórmula del “precio mínimo”, al considerar que pudo haber limitado la competencia real y derivar en un contrato con sobrecostos durante la concesión. La administración de Javier Milei sostuvo que la privatización permitirá abrir “una nueva era de inversión privada” en la vía por la que circula cerca del 80% del comercio exterior del país. En esa línea, señaló que el Estado conservará el rol de autoridad de control, aunque sin intervención directa en la gestión. La privatización que tuvo como gestor entre las sombras a Santiago Caputo y denuncias de dos empresas participantes será por 25 años prorrogables. El Gobierno defendió el proceso licitatorio y prometió una baja de costos En el comunicado que hace caso omiso a las denuncias, Economía aseguró que el cierre del proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes y afirmó que esa situación convalidó los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación pública. Impugnar cada etapa tenía un costo de u$s 10 millones no reembolsables. Además, el Gobierno indicó que la firma del contrato, prevista para un plazo máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y dará inicio a obras de profundización, incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y medidas destinadas al combate del narcotráfico. Sin embargo, una de las contendientes DEME NV advirtió que el precio base establecido por el Gobierno ya generaba un sobre costo logístico para el flete del 17%. Y que ese valor era, incluso, superior a la licitación dada de baja por el mismo Ejecutivo hasta hace tan solo un año. Según el texto oficial, las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, lo que generaría un mayor ahorro, una expansión de la frontera productiva y una mejora en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos. El ministerio también destacó que el proceso contó con respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Todas declinaron hacer observaciones sobre la serie de denuncias que atravesaron el proceso. A su vez, el comunicado señaló que gobiernos provinciales como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones manifestaron satisfacción por la conclusión de la licitación, al considerar que se mantuvieron criterios de transparencia pública y estándares técnicos auditados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Aquí hay otra controversia: dos empresas acudieron a Naciones Unidas porque sospechan que los avales brindados por ese organismo supranacional fueron adulterados, lo cual lleva a un escándalo de proporciones internacionales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tiene abierta una investigación judicial sobre esta licitación que concitó los ojos de los Estados Unidos por los posibles vínculos de Román con empresas chinas; fue objeto de denuncias cruzadas en la justicia por una deuda que Jan de Nul le reclama al Estado; y la solicitud de DEME para que el Ejecutivo declare de interés la privatización con una oferta del 17% inferior al valor del peaje que se considera en condiciones de ofertar para abaratar costos. Tal como se preveía el Gobierno de Javier Milei hizo caso omiso a los reclamos y anunció el cierre del proceso, lo que no despeja las dudas de un direccionamiento de la licitación a partir de la redacción de un pliego a medida del gigante belga que este diario puso de relieve antes de que todo el proceso de puntajes le diera la ventaja definitiva que los dejó al frente.

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 3 segundosCesar Obregón, becario de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNNE, estudia los pequeños animales que viven entre las plantas acuáticas de las lagunas correntinas para determinar si su presencia, ausencia o composición permite identificar el deterioro producido por efluentes domésticos, industriales y el avance urbano sobre los humedales. about:blank Bajo la dirección de la doctora Luciana Gallardo, una investigadora del CECOAL-UNNE trabaja con muestras de seis lagunas de la provincia para desarrollar indicadores biológicos que permitan evaluar la integridad biológica de los humedales de la región. Una comunidad de organismos, que no son visibles a simple vista, pero son un registro del estado en el que se encuentran las aguas de las lagunas de la provincia de Corrientes. Se trata de invertebrados acuáticos de tamaño mayor a un milímetro: larvas de insectos, gusanos, caracoles y otros animales sin columna vertebral que viven asociados a la vegetación acuática presente en las lagunas de nuestra región. Gracias a una Beca de Estímulo a la Investigación de Tipo I de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE, un becario estudia estos invertebrados con el objetivo de desarrollar herramientas que permitan saber, con rapidez y bajo costo, si una laguna está contaminada o se encuentra en buen estado. El licenciado en Ciencias Biológicas Cesar Obregón lleva adelante esta investigación bajo la dirección de la doctora Luciana Irene Gallardo, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), el trabajo apunta a generar información que hoy no existe en la región: una forma de medir la salud de las lagunas de Corrientes a partir de los organismos que viven asociados a las plantas acuáticas. Hasta el momento, los procedimientos disponibles para determinar si un cuerpo de agua está contaminado consisten principalmente en medir la presencia de ciertas sustancias en el agua. Pero ese tipo de análisis solo da una fotografía del momento. Los animales pequeños que viven en el agua, en cambio, acumulan en su composición y en su comportamiento la historia de las condiciones del lugar durante semanas o meses. Por eso, desde los años noventa, organismos internacionales de referencia en calidad del agua comenzaron a incorporar procedimientos basados en estos seres vivos como parte de sus estándares de evaluación. Lo que el licenciado Obregón busca construir es un conjunto de medidas concretas, basadas en la cantidad, variedad y tipos de alimentación de estos animales, que permitan comparar lagunas en buen estado con lagunas afectadas por la presencia humana, y así detectar deterioro o recuperación ambiental. Medidas y Cambios de propiedades. La investigación tiene cuatro objetivos centrales. El primero es calcular distintas medidas de la comunidad de invertebrados acuáticos que viven asociados a las plantas acuáticas con diferentes formas de vida —flotantes libres, sumergidas o arraigadas de hojas flotantes— tanto en lagunas naturales como en lagunas afectadas por la urbanización. El segundo objetivo es analizar de qué manera los cambios en las propiedades físicas y químicas del agua —como su temperatura, transparencia, acidez o el nivel de nutrientes— afectan a esas comunidades de animales. El tercero objetivo, es determinar qué tipo de planta acuática alberga mayor variedad y cantidad de estos organismos. Finalmente el becario identificará los hábitos de alimentación de los animales más frecuentes y para clasificarlos según lo que comen: si se alimentan de algas, de restos vegetales, de otros animales, etcétera. Proposiciones a confirmar o descartar. Para orientar el trabajo, Obregón parte de cuatro proposiciones que la investigación deberá confirmar o descartar. La primera sostiene que en las lagunas más afectadas por la actividad urbana, los invertebrados acuáticos que son sensibles a la contaminación disminuyen en cantidad y variedad, mientras que aquellos que toleran condiciones deterioradas —como ciertos tipos de larvas de mosquito— aumentan. La segunda afirma que esos cambios en la composición de la comunidad animal se deben a que las especies más exigentes en cuanto a calidad del agua desaparecen, y las más resistentes proliferan en su lugar. La tercera propone que determinadas alteraciones en las propiedades del agua —como el aumento de la cantidad de nutrientes o la disminución del oxígeno disuelto— generan una reducción tanto en la cantidad total de organismos como en la diversidad de grupos. La cuarta hipótesis que deberá ser confirmada, establece que la proporción entre los distintos grupos de animales según su forma de alimentarse difiere entre las lagunas naturales y las afectadas por la urbanización. Es decir, que la contaminación no solo afecta a la cantidad de invertebrados, sino también los grupos que predominan según lo que comen. Escenario del Trabajo. El área de estudio abarca el noroeste y el centro-oeste de la provincia de Corrientes, donde se concentra un sistema de humedales de escala regional. Los ambientes seleccionados pertenecen a dos grandes sistemas: uno de aproximadamente 8.600 kilómetros cuadrados y otro de más de 35.000 kilómetros cuadrados. El investigador trabaja con seis lagunas en total. Cuatro de ellas están bajo la influencia de actividades urbanas: una recibe los desechos de una industria textil sin ningún tratamiento previo; otra tiene barrios privados y un balneario en sus márgenes; una tercera recibió durante años los efluentes domésticos de barrios cercanos; y la cuarta forma parte de una cuenca donde las lagunas están parcialmente conectadas entre sí. Las dos lagunas restantes, ubicadas en la Reserva Natural Iberá, sirven como punto de referencia por encontrarse en condiciones naturales con escasa influencia antrópica. Para el estudio se utilizan muestras de invertebrados que ya fueron recolectadas entre 2022 y 2025 durante períodos de menor lluvia, en distintas épocas del año. Estas muestras se obtuvieron con una red de recolección de malla fina y se conservan en el laboratorio del CECOAL. Además, se realizarán nuevas recolecciones durante períodos con más lluvia, para comparar ambas situaciones. El trabajo incluye también el análisis de las propiedades físicas y químicas del agua —como la transparencia, el nivel de oxígeno, la acidez y la cantidad de sustancias como el nitrógeno y el fósforo— en cada una de las lagunas estudiadas. Herramienta de…

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundosConfederaciones Rurales Argentinas alertó sobre el grave deterioro de las rutas nacionales y caminos rurales en Formosa que generan impacto directo en la producción y el comercio en general en esa provincia. Durante la recorrida que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en forma conjunta con la Confederación de Sociedades Rurales de las provincias de Chaco y Formosa (Cha-For) realizó por distintas localidades de la provincia de Formosa, dirigentes y productores manifestaron una profunda preocupación por el estado de la infraestructura vial, una problemática que afecta de manera directa la producción, la conectividad y la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el interior. CRA reafirmó la necesidad de avanzar en un plan de recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial que contemple tanto las rutas nacionales como la red secundaria y terciaria, considerando que la conectividad es un factor estratégico para garantizar el desarrollo productivo, social y económico de las regiones del norte argentino. La entidad continuará llevando estos planteos a los ámbitos correspondientes, acompañando el reclamo de los productores y las sociedades rurales de Formosa, quienes vienen advirtiendo desde hace años sobre una problemática que requiere respuestas urgentes y soluciones concretas. PIRANÉ, FONTANA Y BELGRANO, ENORMES DIFICULTADES A lo largo de los encuentros mantenidos en Pirané, Comandante Fontana y General Belgrano, el deterioro de las rutas nacionales y de la red de caminos rurales surgió como una de las principales demandas planteadas por las entidades rurales de la provincia. Particularmente, productores y dirigentes señalaron la crítica situación que presentan tramos de las rutas nacionales 95 y 86, dos corredores estratégicos para el transporte de la producción agropecuaria, el abastecimiento de insumos, la circulación de trabajadores, el acceso a servicios esenciales y la integración de numerosas localidades del interior formoseño. BACHES Y DEFORMACIONES DE CALZADAS Durante la recorrida fue posible constatar sectores con profundos baches, deformaciones de calzada, banquinas deterioradas y extensos tramos con un avanzado estado de desgaste, condiciones que representan un riesgo permanente para quienes transitan diariamente estas vías y generan importantes sobrecostos para la actividad productiva. Desde CRA remarcaron que la infraestructura vial constituye una herramienta indispensable para el desarrollo regional y advirtieron que la falta de mantenimiento sostenido compromete la competitividad de las economías regionales, incrementa los costos logísticos y dificulta la llegada de la producción a los centros de comercialización y consumo. LOS CAMINOS RURALES COMPLICADOS Asimismo, los productores destacaron que la situación se agrava durante períodos de lluvias, cuando numerosos caminos rurales se vuelven prácticamente intransitables, afectando el transporte de hacienda, granos, insumos y limitando incluso el acceso a establecimientos educativos, centros de salud y servicios básicos para las comunidades rurales. “La infraestructura no es un gasto, es una inversión para el desarrollo. Sin rutas seguras y caminos transitables es imposible pensar en crecimiento, arraigo y producción”, coincidieron dirigentes durante los encuentros realizados en la provincia.

Tiempo de lectura aprox: 56 segundosLa provincia de Corrientes logró reactivar una serie de demandas estructurales y financieras largamente postergadas ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El gobernador Juan Pablo Valdés lideró una cumbre en su despacho oficial donde se sentaron las bases operativas para destrabar expedientes referidos a deudas por regalías hidroeléctricas y la transferencia dominial de inmuebles afectados por el complejo binacional. El interlocutor enviado por el Gobierno nacional para abrir la negociación fue el consejero de la entidad, Manuel Chavarría. Tras concluir el cónclave en la Gobernación, el funcionario nacional reconoció el prolongado estancamiento que sufrieron los reclamos de la provincia en las gestiones anteriores y ponderó la insistencia metodológica del Ejecutivo para forzar la apertura de una mesa técnica de resolución proactiva. El temario diseñado por los equipos técnicos de la provincia apunta no solo a la compensación macroeconómica por el uso del recurso natural, sino también al ordenamiento territorial de amplias zonas afectadas por la represa en el norte correntino. Chavarría detalló que el encuentro respondió de forma directa a una mesa de trabajo de gestión que el mandatario provincial venía exigiendo formalmente a la dirección de la hidroeléctrica. Con respecto a los reclamos económicos por los recursos energéticos que Corrientes inyecta al Sistema Interconectado Nacional, las autoridades de la EBY optaron por mantener una marcada cautela técnica sobre los montos en danza, buscando blindar la negociación directa de las presiones políticas. El funcionario nacional evitó dar precisiones sobre los plazos de cancelación de los saldos pendientes, aunque ratificó la firmeza de la postura local y los frutos que viene dando el canal de diálogo bilateral para recomponer la relación institucional.