Forestales

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 45 segundosALERTA POR RIESGO DE INCENDIOS Con unas 1500 personas entrenadas para combatir el fuego, entre bomberos voluntarios de las distintas localidades y los brigadistas y bomberos de la policía,  Corrientes se alista para enfrentar condiciones de riesgo extremo de incendios. Esta semana se lanzó una campaña de prevención donde piden expresamente no quemar, una prohibición que ahora rige tanto para las áreas rurales como urbanas. Los recursos están dispuestos para la tarea. Ante el riesgo extremo de incendios y la disposición de prohibir todo el uso del fuego en la provincia, el personal, los recursos tecnológicos, vehículos y comunicaciones trabajan 24 horas para controlar la posible aparición de focos ígneos.  Con un monitoreo y vigilancia permanente, “estamos preparados, con más de 60 asociaciones de bomberos voluntarios, que se componen con más de 1200 hombres y mujeres, y la Dirección General de Lucha contra el Fuego de la policía, que tiene también a su cargo las brigadas forestales, sumamos unos 13 asentamientos de equipos con camiones y camionetas de apoyo en toda la provincia dispuestos para el combate de incendios”, describió Bruno Lovinson, Director de Defensa Civil y Jefe Operativo del COE. En cuanto a medios aéreos, Lovinson confirmó que la provincia ya contrató dos aviones, en especial porque desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego conservaron otra aeronave para ese uso en mercedes, aunque hay otras tres unidades que fueron desplazadas hacia el sur del país para colaborar en el combate de los incendios en Chubut. Además “tenemos la flota de vehículos 4 x 4 que el gobierno incorporó, que son más de 80, así como 25 camiones cero kilómetro, y otros 23 de combate de incendios que se han traído de Europa, así como una flota de camiones cisterna y unas 125 camionetas equipadas con kits de ataque rápido para incendios forestales. Además, los bomberos voluntarios ya tienen una estructura armada con equipamiento que supera todo esto. Con esos equipos se buscó reforzar el sistema, y seguimos en proceso de adquirir más equipamiento, aún en un momento económico muy complicado”, detalló Lovinson. A modo informativo, estimó que el equipamiento completo para cada bombero puede costar entre 7 y 10 millones de pesos. “El entrenamiento, el equipamiento y la campaña de difusión para la prevención son fundamentales”, subrayó, a la vez que ratificó el informe constante al gobernador Juan Pablo Valdés sobre la situación. “Hemos avanzado muchísimo en los últimos años, en el trabajo conjunto de prevención con el sector agropecuario, la preparación de caminos cortafuegos y la disposición permanente de recursos humanos y equipamientos. Hemos evolucionado mucho, pero a veces lo que sucede no tiene precedentes, como la situación actual del sur del país y el sur de Chile, que ya se ha cobrado más de 20 vidas humanas”, reflexionó. “Toda quema no autorizada tiene penalidades”, recordó al final el funcionario, a la vez que señaló que la provincia de Corrientes es la primera del país en tener personas condenadas por quema, tanto en lo contravencional como en lo penal. Con equipamiento de alta tecnología, vehículos que adquirió la provincia y una fuerte vocación y compromiso por el cuidado de la vida y los bienes materiales preparados, todos los cuarteles de bomberos voluntarios, así como el personal policial vinculado a la Dirección General de Lucha contra el fuego de la policía, mantienen la vigilancia y la comunicación con el COE, desde donde se monitorean las 24 horas las condiciones en el terreno a través de tecnología satelital. De las lluvias al fuego En respuesta a las condiciones de temperaturas extremas y un déficit hídrico persistente aún después de varias semanas con intensas precipitaciones, desde la Dirección de Recursos Forestales dispusieron en las últimas horas la restricción total de uso del fuego, tanto en áreas urbanas como rurales. Hasta hace pocos días, el uso controlado del fuego con quemas programadas había sido una herramienta con la cual – tras gestionar los permisos requeridos – había resultado útil para disminuir en las zonas rurales la cantidad de material combustible que se acumuló luego de las lluvias en todo el territorio. Pero el aumento de la temperatura, el descenso de la humedad y las condiciones pronosticadas de vientos, derivaron ahora en la prohibición total de uso de fuego. Y en las últimas 48 horas, ya se registraron al menos dos incendios de magnitud considerable que requirieron la intervención de bomberos voluntarios y brigadistas forestales en cercanías a Curuzú Cuatiá y Mocoretá para controlarlos. “Los mínimos de precipitaciones previstas para los próximos días y el descenso de la humedad, sumado a períodos de viento, derivaron en esta disposición”, explicó Roberto Rojas, referente de la Dirección de Recursos Forestales en diálogo con medios de prensa. El jueves, con riesgo alto o muy alto en toda la provincia, temperaturas muy altas que superaron los 33 grados y vientos entre los 6 y 25 km por hora, el índice de riesgo de incendios que monitorea el Ministerio de Producción cada día puso en alerta a todo el territorio. “Veníamos bastante bien porque había llovido mucho, y así en una temporada de incendios que suele comenzar en enero, hemos ganado tiempo. Pero aumenta el riesgo porque tenemos un cúmulo de combustible liviano muy importante, quizás histórico”, advirtió por su parte Bruno Lovinson. Desde hace algunas semanas, se intensificó el trabajo coordinado con la Dirección de Recursos Forestales respecto de los permisos de quemas “para bajar la carga de combustible de los campos ganaderos y forestales, que fueran seguras y controladas”, pero al observar las condiciones críticas de incendios que atraviesa el sur del país y al entender que podría tratarse de un fenómeno meteorológico cíclico en el cual el calor extremo se desplace progresivamente hacia el norte, dispusieron ahora una fuerte campaña de concientización donde el mensaje es claro: no quemar. “Corrientes sale de un fenómeno húmedo de muchas lluvias, casi de un Niño, cuando deberíamos estar en una Niña leve, pero las condiciones pueden cambiar muy rápido…

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos“La magnitud del daño social y económico que genera paralizar una actividad tan dinámica como la foresto industrial en el Chaco, es tremendo”, la legisladora provincial Maida With, al hacer referencia a la cautelar presentada por una ong con domicilio en Capital Federal y que los jueces del Superior Tribunal de Justicia del Chaco le hicieron lugar horas antes de iniciarse la feria judicial. Se paraliza la implementación del ordenamiento territorial, trabajo serio, responsable, sustentable, hecho por una mesa técnica de excelencia integrada por técnicos de diferentes disciplinas, avalado por la mayoría de la Cámara de Diputados de la provincia y validado por la Nación, las ciencias del Derecho frenan un dictamen de técnicos y científicos, eso es algo increíble, manifestó. Esta medida, sobre la cual el gobierno –dijo With- solicitó una aclaratoria recibiendo la ratificación que todo se paraliza. “El todo se para implica paralización de las actividades, y sin evaluarse el impacto que tendría en la faz social y económica, ya que las pymes generadoras de empleo directo, están al borde del colapso como pasa en Machagai”, señaló a este portal la diputada oficialista. EL ROL DE LA JUSTICIA “Nadie dice que no analicen una cautelar, pero la justicia termina paralizando todo cuando podría haber tratado el tema y no apurarse, si desde el año pasado la cuestión de fondo está sin resolverse”, interpretó la legisladora. “Como Poder también la justicia tiene que atender los planteos que recibe, pero es una locura absoluta paralizar todo dado que hay formas de tratar el tema sin paralizar una actividad que pone en juego la suerte de 45.000 familias chaqueñas que viven directamente de la actividad forestal”, apuntó. CUIDAR EL AMBIENTE, PERO TRABAJANDO “¿De donde sacan eso que no se puede trabajar utilizando los recursos naturales? Eso es todo, una falsedad, porque precisamente el ordenamiento territorial no avala los desmontes y las entidades forestales han dicho que los desmontes no los avalan porque es atentar contra la sustentabilidad, y estamos hablando de aprovechamientos, de usar y cuidar, por lo que claramente hay un mensaje engañoso, intentando crear una grieta entre el cuidado del ambiente y el trabajo”, expresó enfáticamente.

Tiempo de lectura aprox: 40 segundosTras las lluvias de fin de diciembre pasado, los especialistas explicaron que por el calor los pastizales se secan rápido. Pidieron a la comunidad evitar hacer fuego en el campo y no arrojar objetos que pueden ser inflamables, con las altas temperaturas, arrojados desde vehículos que circulan en las rutas. Los bomberos voluntarios de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, la zona del noroeste correntino donde se encuentran las plantaciones de bosques implantados más grandes de la provincia, advirtieron por la sequía que se viene para lo que resta de enero y febrero próximo. «Por el calor, el agua evapora rapidísimo y los pastos se secan enseguida. Y por más que sea un pasto verde, cuando las llamas agarran velocidad con viento a favor no hay quien las pare», explicó el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de esa comuna correntina. “Las lluvias generaron pastizales muy altos, hojas verdes que rápidamente se secan debido a las altas temperaturas», agregó. En todo el territorio provincial está prohibido hacer fuego y también se pide a quienes transiten por rutas nacionales, provinciales y caminos rurales, no arrojar desde los automóviles o motocicletas, objetos que puedan ser inflamables como ser colillas de cigarrillos, plásticos o vidrios. Fuente: CORRIENTES HOY

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 4 segundosLa noticia fue baldazo de agua fría: el Superior Tribunal de Justicia le respondió al Gobierno del Chaco que la suspensión de toda la actividad forestal alcanza a todo. Si, a toda la actividad. Y la reacción de los productores y de las pymes de la foresto industria fue un lamento generalizado, porque esto implica familias sin trabajo directo, pymes del sector con inconvenientes para el pago de salarios por falta de producción y ni hablar de la industria del tanino, que sin materia prima -advierte el sindicato- tendrán que frenar la actividad. Pero si hace hincapié, que el Poder Ejecutivo del Chaco tiene poder de policía para controlar actividades ilegales relacionadas a la actividad forestal. PRIMERAS MEDIDAS Pero, ¿qué sucedió?. Primero, el STJ le dió lugar a la presentación cautelar solicitada por la asociación civil “Conciencia Solidaria” y suspendió la aplicación de la Ley 4005-R y su modificatoria 4152-R, que regulan el ordenamiento territorial de bosques nativos, y de todo acto administrativo derivado de ellas, hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad pendiente. Luego, el gobierno del Chaco, a través de la Fiscalía de Estado, pidió al STJ una aclaratoria urgente por la cautelar sobre el Bosque Nativo. La reclamó que precise el alcance de la Resolución Nº 609, dictada el 16 de diciembre de 2025, mediante la cual se dispuso una medida cautelar vinculada a la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. LA RESPUESTA DEL STJ Con una respuesta de alto contenido técnico, el 23 de diciembre el STJ le respondió al gobierno, diciendo que resulta claro que la suspensión alcanza a todo acto administrativo que derive causalmente del régimen normativo suspendido y que sea idóneo para producir efectos materiales sobre el territorio. Ello incluye, naturalmente, nuevas autorizaciones, aprobaciones, permisos o habilitaciones que importen cambio de uso del suelo, desmonte o intervención del bosque nativo. Por el contrario, no existe base alguna para sostener que la cautelar obstaculice tareas de control, fiscalización, monitoreo, prevención, restauración o conservación ambiental, ni paralice el ejercicio de potestades estatales destinadas a mitigar el riesgo ambiental. Como la propia Fiscalía lo indica en su presentación no surge ni del texto ni los fundamentos de la resolución que se impida a la autoridad ambiental ejercer funciones esenciales de tutela y control. Agrega que, en consecuencia, la suspensión ordenada no importa, por sí sola, la revocación automática de actos administrativos firmes dictados con anterioridad, ni la anulación de situaciones jurídicas ya consolidadas. Sí impide, en cambio, la ejecución o materialización de aquellos permisos, planes o autorizaciones que, aún otorgados, no se encuentren ejecutados, cuando su implementación pueda producir daños ambientales graves o irreversibles, todo ello sin adelantar opinión sobre el fondo de la controversia” LOS ARGUMENTOS DEL STJ La respuesta del máximo órgano de control de justicia de Chaco resolvió responderle al gobierno de Chaco, señalando que la presentación de la Fiscalía de Estado no configura un supuesto de aclaratoria en términos procesales, en tanto no se denuncia un error material, oscuridad gramatical ni contradicción interna del decisorio. Su respuesta se basa en estos dos puntos: 1) La resolución recurrida establece “la suspensión de la aplicación de la Ley N° 4005-R y su modificatoria Ley N° 4152-R, y de todo acto dictado en su consecuencia”. Esta fórmula no es equívoca ni imprecisa, sino que responde a la lógica del principio precautorio y a la finalidad explícita de la cautelar: evitar la consolidación de situaciones fácticas irreversibles sobre el bosque nativo. En ese marco, resulta claro que la suspensión alcanza a todo acto administrativo que derive causalmente del régimen normativo suspendido y que sea idóneo para producir efectos materiales sobre el territorio. Ello incluye, naturalmente, nuevas autorizaciones, aprobaciones, permisos o habilitaciones que importen cambio de uso del suelo, desmonte o intervención del bosque nativo. Por el contrario, no existe base alguna para sostener que la cautelar obstaculice tareas de control, fiscalización, monitoreo, prevención, restauración o conservación ambiental, ni paralice el ejercicio de potestades estatales destinadas a mitigar el riesgo ambiental. Como la propia Fiscalía lo indica en su presentación no surge ni del texto ni los fundamentos de la resolución que se impida a la autoridad ambiental ejercer funciones esenciales de tutela y control. Resulta necesario distinguir, a los fines interpretativos, entre la ordenación y planificación del territorio —que se expresa a través del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos— y el ejercicio del poder de policía ambiental en sentido estricto. Mientras la primera constituye una función de carácter programático, prospectivo y habilitante, orientada a definir usos posibles del suelo y a establecer el marco jurídico para futuras intervenciones antrópicas, el poder de policía ambiental se manifiesta en funciones permanentes de control, fiscalización, prevención y recomposición, que subsisten con independencia de la vigencia o suspensión de un régimen de ordenamiento específico. 2) A consecuencia de lo anteriormente vertido, corresponde hacer saber que la decisión cautelar de ningún modo implica la suspensión de los controles efectivos y permanentes que en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales constituyen deber y responsabilidad del Poder  Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución Provincial, Ley Nacional de Protección del Ambiente, Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos y leyes provinciales concordantes. Esta respuesta fue firmada electrónicamente por los jueces:  Victor Emilio Del Rio; Isabel Maria Grillo Iride; Alberto Mario Modi; Emilia Maria Valle y Nestor Enrique Varela.

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 2 segundosCon su planta instalada en La Escondida, Chaco, Indunor, en línea con su compromiso ambiental, avanza en la verificación de su huella de carbono, ya cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD) de su extracto de quebracho Silvafeed Q exportado a la Unión Europea. Silvateam Argentina, tal el nombre de la compañía que opera en la trampa, cumple con el Reglamento EUDR 1115/2023, consolidando su inserción en mercados internacionales altamente competitivos. “En INDUNOR – Silvateam Argentina, la sostenibilidad es el eje que guía cada uno de nuestros proyectos”, dijo la ingeniera química Jorgelina Alegre, responsable del Sistema de Gestión Integrado de Indunor S.A. A través de la investigación, la innovación y el desarrollo de prácticas productivas responsables, “impulsamos actividades que generan valor agregado y fortalecen el compromiso con un futuro ambiental y socialmente sostenible”, indicó. Entre ellos, la ingeniera Alegre mencionó la Certificación de Fuentes Controladas PEFC – Cadena de Custodia, que verifica que la madera utilizada por la industria provenga de bosques gestionados de acuerdo con criterios de sostenibilidad. Este procedimiento es fundamental para garantizar el uso de materias primas legales, trazables y sostenibles, señaló. la ingeniera química Jorgelina Alegre, responsable del Sistema de Gestión Integrado de Indunor S.A. responsable del Sistema de Gestión Integrado de Indunor S.A. La compañía se destaca por un modelo de producción basado en el manejo forestal responsable, cumpliendo con normativas provinciales y nacionales, y certificaciones internacionales como la PEFC COC 2002:2020, que garantizan la trazabilidad desde el productor hasta el consumidor final. UN SISTEMA DE GESTION CON TRAZABILIDAD Las industrias que participan en el sistema deben implementar un sistema de gestión que asegure la trazabilidad de las materias primas de origen forestal, desde su adquisición hasta la elaboración del producto final. Los productos forestales que pueden certificarse bajo el Sistema CERFOAR – PEFC Argentina incluyen aquellos compuestos por materias primas provenientes de bosques nativos y/o implantados. La certificación se realiza conforme a la norma internacional PEFC ST 2002:2020 – Cadena de Custodia de Productos Forestales. De los distintos métodos previstos para garantizar la trazabilidad, INDUNOR – Silvateam Argentina aplica el método de separación física, que exige asegurar que la materia prima certificada no se mezcle con otra y que se mantenga claramente identificable durante todas las etapas del proceso (transporte, almacenamiento, producción, etc.). Asimismo, INDUNOR demuestra su compromiso con los requisitos sociales, de salud y seguridad ocupacional establecidos por la norma, los cuales se basan en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. La concesión del certificado requiere superar una auditoría de tercera parte, realizada por un organismo de certificación acreditado y autorizado por CERFOAR – PEFC Argentina. El ciclo de certificación de Cadena de Custodia tiene una duración de cinco años. Inicia con la decisión de otorgamiento o renovación del certificado e incluye cuatro auditorías de seguimiento, correspondientes al 1°, 2°, 3° y 4° año del ciclo. VERIFICACIÓN EUDR En el marco de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad, conservar los bosques y promover sistemas sostenibles de producción, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, relativo a determinadas materias primas y productos asociados con la deforestación y la degradación forestal. Si bien el extracto de quebracho aún no se encuentra incluido en el anexo de productos pertinentes, INDUNOR ha definido como política institucional iniciar el proceso de adecuación progresiva a los requisitos del EUDR, anticipando futuras exigencias regulatorias. Para los operadores de la Unión Europea, demostrar la conformidad de los bienes adquiridos con la normativa representa un desafío significativo, especialmente en el caso de productos con procesos industriales complejos y múltiples intermediaciones comerciales. A su vez, las autoridades competentes de los Estados miembros deben verificar la idoneidad de los sistemas de diligencia debida aplicados por las empresas cuyos productos se destinan al mercado comunitario. CUALES SON LAS REGLAMENTACIONES El reglamento prohíbe la comercialización en el mercado de la UE y la exportación desde la UE de productos que hayan contribuido a la deforestación o degradación forestal posterior al 31 de diciembre de 2020, o sean ilegales, por no cumplir con la legislación vigente en el país de origen de las materias primas. El EUDR se basa en la diligencia debida obligatoria y preventiva, que toda persona física o jurídica que introduzca o exporte productos regulados en el mercado europeo debe aplicar. Este proceso comprende tres etapas: 1. Recopilación de información sobre el producto, la geolocalización de las parcelas donde se obtuvo la materia prima, la legislación vigente en la zona de producción y la ausencia de deforestación o degradación forestal desde el 1 de enero de 2021. 2. Evaluación de riesgos, considerando la complejidad de la cadena de suministro, las características del país y la región de origen, la presencia de pueblos indígenas, las reclamaciones territoriales y otros aspectos vinculados al respeto de los derechos humanos. 3. Mitigación de riesgos, mediante la obtención de documentación adicional, investigaciones complementarias y/o auditorías independientes de terceros. LEGALIDAD  Y TRAZABILIDAD En este contexto, los proveedores pueden poner a disposición de sus clientes europeos documentación que respalde la legalidad y trazabilidad del origen de la madera, entre ellos: – concesiones forestales, permisos de extracción o contratos de compraventa de madera o de árboles en pie; registros catastrales o de propiedad de la tierra; comprobantes de pago de impuestos relacionados con la extracción; evidencia del cumplimiento de la legislación ambiental y forestal, planes de manejo y conservación; acuerdos que respalden el respeto de los derechos legítimos de terceros sobre el uso de la tierra; documentación comercial que permita reconstruir la trazabilidad (facturas, remitos, documentos de transporte, etc.); certificaciones forestales (gestión forestal y/o cadena de custodia). En relación con el EUDR, esta información constituye la base para la evaluación de riesgos, que debe considerar los siguientes parámetros: nivel de riesgo atribuido al país de producción; presencia y extensión de bosques; existencia de pueblos indígenas y mecanismos de consulta previa; denuncias fundadas sobre el uso o propiedad…