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Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 16 segundosWalter Detzel, un productor de Chaco, había perdido clientes del exterior por una norma de 1983 que lo obligaba a embolsar la fruta. Walter Javier Detzel, conocido como “El Messi de la Sandía” en su pueblo de Juan José Castelli, una localidad del centro-norte de la provincia de Chaco, acaba de ganar un partido clave. Tras haberle escrito personalmente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para que saque una traba burocrática que afectaba a su sector, expresó que el primer resultado de esa gestión ya está en ruta: “Ayer salió del pueblo el primer camión con 28 toneladas de sandía con destino a Montevideo”. La Argentina no exportaba a granel desde hacía 42 años, dijo. El envío, que hoy estaba con trámites de aduana en Barranqueras, es el fruto directo de la resolución 21/25, que simplificó un viejo marco normativo de 1983 sobre el empaque de frutas. Esta normativa le había costado a Detzel y a otros productores la pérdida de mercados internacionales y que en esta cosecha van a poder recuperar. “En el año 2018 hicimos contacto con empresarios de Paraguay. Empezamos a exportar, hasta que aparecieron las cuestiones burocráticas de Aduana y Senasa”, relató en su momento Detzel, cuando salió la resolución. La exigencia de embolsar la fruta de gran tamaño a granel fue una complicación. “Eso nos hizo perder el cliente, porque el comprador del exterior no quería la sandía embolsada: se rayaba, se dañaba, se estropeaba. Quedamos muy angustiados”, confesó. Ese cliente paraguayo que no pudo llevarse la mercadería de la Argentina se fue a comprar a Brasil, que sí le vendía a granel. “Nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Pero después, con la desregulación, nos vimos beneficiados porque se liberó el tema del envase. Hoy tenemos libertad total para exportar a granel nuestro producto“, celebró en diálogo con LA NACION. Detzel, además de producir, es distribuidor de empresas líderes en el sector agropecuario. Rescató que la apertura de la exportación es vital para la rentabilidad del norte argentino en este tipo de productos. “Nosotros estamos en el extremo norte, lo que significa que, por una cuestión de latitud, siempre salimos primero con la producción. Al ser primicia, la rentabilidad en Chaco siempre es buena”, explicó.Sin embargo, el mercado interno se satura rápido cuando llega la sobreoferta del producto. “En épocas específicas del año empieza a haber sobresaturación de mercadería: sandías, zapallos, melones. Al ser primicia en Chaco, Formosa y Salta la rentabilidad es buena. A medida que la cosecha avanza hacia Corrientes y Entre Ríos, aparece más volumen, se genera una sobreoferta y los precios bajan. Ahí es clave mantener contactos con los mercados internacionales para sostener precios estables, porque la mercadería que va afuera siempre mantiene los precios», amplió. Sobre las medidas que ha tomado el Gobierno con respecto del sector agropecuario, observó que los productores, en general, están contentos. “Sabemos que costó y que fue un esfuerzo, pero se abren puertas nuevas. Tenemos un tipo de cambio más estable que permite apalancarse mejor, porque los insumos y las semillas cotizan en dólares. Tener previsibilidad da tranquilidad, y en general los productores están conformes y apoyan a este gobierno [de Javier Milei]“, indicó. Poder vender al exterior ayuda. Señaló que el precio del mercado interno es de $400 por kilo y el de exportación $500 por kilo. “Conviene más vender afuera porque es un precio estable y continuo”, puntualizó. Sembrar una hectárea de sandía implica un costo de $700.000, y tiene un rendimiento de 30 toneladas: el negocio es “excelente”. El margen bruto por hectárea, tras descontar gastos y con el precio local como base, ronda los $11.300.000. Detzel señaló que también es líder de un grupo de 150 productores de la zona a quienes asiste con asesoramiento, insumos y la distribución exclusiva de semillas híbridas de multinacionales como Bayer y Syngenta. “Soy el que investiga y testea todas las variedades; probamos entre diez y veinte materiales híbridos y vamos evaluando cuál se comporta mejor, cuál tiene más calidad de fruto, tamaño, dulzor”, detalló. Su rol de liderazgo quedó demostrado en esta primera exportación: la fruta que cruzó a Uruguay no era de su propia finca, porque aún no maduró: “La sandía que se fue a Uruguay era de un amigo, Roberto Benítez, cuya chacra está cerca y su fruta ya estaba madura. Yo hice el servicio de exportación y le compré a él la fruta”. Además, añadió que con Chile están avanzando, pero con otro producto: zapallo plomo: “Hay empresarios chilenos interesados”. Para él y para tantos otros productores, dijo, la producción es una pasión muy grande. “Hay gente que se apasiona con el fútbol y otros con la pesca. Esto es una dedicación, y lo hacemos con toda la pasión del mundo”, afirmó. Detzel heredó la “pasión” por la sandía de su padre, quien produjo durante 40 años y hoy se dedica a la cría de ganado. “Mi viejo siempre fue productor de sandía, de toda la vida, pero nos dejó a nosotros, los changos. Yo tengo un hermano también, con quien seguimos con la fruta; mientras mi papá cría sus vacas, pero están entusiasmados, contentos“, resumió. En la provincia de Chaco se siembran entre 1800 y 2000 hectáreas de cucurbitáceas, donde están incluidos el melón, la sandía y el zapallo.

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 36 segundosLa iniciativa, encabezada por Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro, ya tiene el acompañamiento de más de 30 legisladores de distintos bloques. Un grupo de diputados nacionales de distintos bloques encabezados por Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el país. La iniciativa propone un marco normativo integral que compatibilice la actividad agrícola con la salud de las personas y la preservación del ambiente. El texto, según señalaron, fue elaborado junto a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), que reúne a más de 80 instituciones públicas y privadas, y define las responsabilidades de los actores de la cadena: aplicadores, asesores, comercializadores, usuarios, fiscalizadores y empresas aplicadoras. Además declara de interés nacional la adopción de buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios, la investigación, el desarrollo y la adopción de prácticas de manejo integrado de plagas (insectos, enfermedades y/o malezas, entre otros) para la producción agrícola y el acceso a tecnologías con niveles crecientes de eficiencia y gestión de riesgos. “Avanza sobre la propiedad privada”: revuelo en Buenos Aires por un anteproyecto de ley sobre el cuidado de los suelos También incorpora la noción de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento para ordenar territorialmente el uso de estos productos en relación con poblaciones, instituciones, cursos de agua y áreas naturales protegidas. En total, los diputados que acompañaron a Benedetti y Ferraro fueron Carlos D’Alessandro, Martín Ardohain, María Luisa Chomiak, Pablo Juliano, Fabio Quetglas, Juan Manuel López, Germana Figueroa Casas, Martín Maquieyra, Yamila Ruiz, Luis Alberto Picat, Martín Yeza, Roberto Sánchez, Victoria Borrego, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Mónica Frade, Oscar Agost Carreño, Mariano Campero, Marcela Coli, Francisco Morchio, Marcela Campagnoli, Danya Tavela, Héctor Baldassi, Florencio Randazzo, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Natalia Sarapura y Yolanda Vega. También se sumaron más legisladores y, según indicaron, ya son más de 30 las adhesiones. Según mencionaron en un comunicado, el proyecto se apoya en un amplio consenso alcanzado entre instituciones del sector productivo, académico y social, lo que le otorga un carácter federal y plural. Destacaron que con este proyecto “se busca garantizar que la producción agropecuaria pueda desarrollarse de manera innovadora, competitiva y sostenible, en equilibrio con la protección de la salud y el ambiente“. Del proyecto se desprende que la idea surgió porque la Argentina no tiene una ley nacional específica sobre aplicación de fitosanitarios, solo normas parciales. El diputado Benedetti dijo que no se trata exclusivamente de responder demandas sociales, sino también de “una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”. Entre los objetivos del proyecto de ley se resalta ordenar y armonizar normas y responsabilidades en todo el país, dar certidumbre y previsibilidad a productores, comunidades y autoridades, y profesionalizar y capacitar a todos los actores involucrados y mejorar las prácticas de aplicación. Así como garantizar que el uso de fitosanitarios se haga en condiciones seguras y controladas, reduciendo riesgos para la población y el ambiente. También busca fortalecer la sostenibilidad y competitividad del sistema agroalimentario nacional. Esto significa que cada aplicación deberá realizarse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y bajo receta de un profesional matriculado. Con ello se asegura trazabilidad, responsabilidad técnica y seguridad en cada práctica, reduciendo riesgos de deriva y promoviendo un manejo responsable en relación con comunidades, cursos de agua y áreas naturales protegidas. “En breve”: vuelve al Senasa el histórico Consejo Consultivo con las entidades del campo El proyecto también diseña un marco regulatorio con protecciones mínimas que regirán en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las potestades que las provincias tienen para incrementar esa protección, teniendo en cuenta su geografía y particularidades locales. Distancias A modo de ejemplo, se establecen distancias mínimas desde las zonas sensibles de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. También se refuerza la capacitación obligatoria y periódica de todos los actores involucrados y el control de los equipos aplicadores. “La propuesta se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible y además ofrece un marco que tiene por objetivo cuidar la salud de la población, asegurar transparencia en la información y garantizar la continuidad”, destacó Ferraro. Además contempla también que los productos a utilizar sean exclusivamente aquellos autorizados por el Senasa, conforme a sus marbetes y hojas de seguridad, garantizando un control estricto sobre la legalidad y la seguridad de los insumos empleados, como también de sus equipos aplicadores y la capacitación obligatoria y periódica de quienes los operan. Las condiciones de aplicación de productos fitosanitarios establecen que toda práctica debe realizarse bajo pautas de Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios (BPAF). Esto implica, como mínimo, respetar las normativas vigentes; contar con una receta fitosanitaria emitida por un asesor fitosanitario, que incluya las prescripciones e indicaciones correspondientes a las BPAF; operar únicamente con equipos aplicadores registrados y habilitados, sean propios o contratados; y realizar las tareas con personal que posea registro o carnet vigente otorgado por la Autoridad Competente. Asimismo, se deben considerar condiciones meteorológicas específicas, entre ellas, una velocidad del viento de entre 3 y 15 km/h en dirección contraria a la zona sensible, temperatura y humedad relativa correlacionadas con un Delta T entre 2 y 8. También se exige utilizar la técnica de aplicación adecuada a las condiciones meteorológicas, al tipo de cultivo (especie, características y estructura) y a la plaga a controlar. En el caso particular de las explotaciones de frutas y hortalizas frescas, los requisitos mínimos obligatorios son los establecidos en el Código Alimentario Argentino (CAA), a través de la Resolución Conjunta Nº 5/2018 de las Secretarías de Regulación y Gestión Sanitaria y de Alimentos y Bioeconomía, junto con sus modificatorias.