Forestales

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 4 segundosLa noticia fue baldazo de agua fría: el Superior Tribunal de Justicia le respondió al Gobierno del Chaco que la suspensión de toda la actividad forestal alcanza a todo. Si, a toda la actividad. Y la reacción de los productores y de las pymes de la foresto industria fue un lamento generalizado, porque esto implica familias sin trabajo directo, pymes del sector con inconvenientes para el pago de salarios por falta de producción y ni hablar de la industria del tanino, que sin materia prima -advierte el sindicato- tendrán que frenar la actividad. Pero si hace hincapié, que el Poder Ejecutivo del Chaco tiene poder de policía para controlar actividades ilegales relacionadas a la actividad forestal. PRIMERAS MEDIDAS Pero, ¿qué sucedió?. Primero, el STJ le dió lugar a la presentación cautelar solicitada por la asociación civil “Conciencia Solidaria” y suspendió la aplicación de la Ley 4005-R y su modificatoria 4152-R, que regulan el ordenamiento territorial de bosques nativos, y de todo acto administrativo derivado de ellas, hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad pendiente. Luego, el gobierno del Chaco, a través de la Fiscalía de Estado, pidió al STJ una aclaratoria urgente por la cautelar sobre el Bosque Nativo. La reclamó que precise el alcance de la Resolución Nº 609, dictada el 16 de diciembre de 2025, mediante la cual se dispuso una medida cautelar vinculada a la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. LA RESPUESTA DEL STJ Con una respuesta de alto contenido técnico, el 23 de diciembre el STJ le respondió al gobierno, diciendo que resulta claro que la suspensión alcanza a todo acto administrativo que derive causalmente del régimen normativo suspendido y que sea idóneo para producir efectos materiales sobre el territorio. Ello incluye, naturalmente, nuevas autorizaciones, aprobaciones, permisos o habilitaciones que importen cambio de uso del suelo, desmonte o intervención del bosque nativo. Por el contrario, no existe base alguna para sostener que la cautelar obstaculice tareas de control, fiscalización, monitoreo, prevención, restauración o conservación ambiental, ni paralice el ejercicio de potestades estatales destinadas a mitigar el riesgo ambiental. Como la propia Fiscalía lo indica en su presentación no surge ni del texto ni los fundamentos de la resolución que se impida a la autoridad ambiental ejercer funciones esenciales de tutela y control. Agrega que, en consecuencia, la suspensión ordenada no importa, por sí sola, la revocación automática de actos administrativos firmes dictados con anterioridad, ni la anulación de situaciones jurídicas ya consolidadas. Sí impide, en cambio, la ejecución o materialización de aquellos permisos, planes o autorizaciones que, aún otorgados, no se encuentren ejecutados, cuando su implementación pueda producir daños ambientales graves o irreversibles, todo ello sin adelantar opinión sobre el fondo de la controversia” LOS ARGUMENTOS DEL STJ La respuesta del máximo órgano de control de justicia de Chaco resolvió responderle al gobierno de Chaco, señalando que la presentación de la Fiscalía de Estado no configura un supuesto de aclaratoria en términos procesales, en tanto no se denuncia un error material, oscuridad gramatical ni contradicción interna del decisorio. Su respuesta se basa en estos dos puntos: 1) La resolución recurrida establece “la suspensión de la aplicación de la Ley N° 4005-R y su modificatoria Ley N° 4152-R, y de todo acto dictado en su consecuencia”. Esta fórmula no es equívoca ni imprecisa, sino que responde a la lógica del principio precautorio y a la finalidad explícita de la cautelar: evitar la consolidación de situaciones fácticas irreversibles sobre el bosque nativo. En ese marco, resulta claro que la suspensión alcanza a todo acto administrativo que derive causalmente del régimen normativo suspendido y que sea idóneo para producir efectos materiales sobre el territorio. Ello incluye, naturalmente, nuevas autorizaciones, aprobaciones, permisos o habilitaciones que importen cambio de uso del suelo, desmonte o intervención del bosque nativo. Por el contrario, no existe base alguna para sostener que la cautelar obstaculice tareas de control, fiscalización, monitoreo, prevención, restauración o conservación ambiental, ni paralice el ejercicio de potestades estatales destinadas a mitigar el riesgo ambiental. Como la propia Fiscalía lo indica en su presentación no surge ni del texto ni los fundamentos de la resolución que se impida a la autoridad ambiental ejercer funciones esenciales de tutela y control. Resulta necesario distinguir, a los fines interpretativos, entre la ordenación y planificación del territorio —que se expresa a través del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos— y el ejercicio del poder de policía ambiental en sentido estricto. Mientras la primera constituye una función de carácter programático, prospectivo y habilitante, orientada a definir usos posibles del suelo y a establecer el marco jurídico para futuras intervenciones antrópicas, el poder de policía ambiental se manifiesta en funciones permanentes de control, fiscalización, prevención y recomposición, que subsisten con independencia de la vigencia o suspensión de un régimen de ordenamiento específico. 2) A consecuencia de lo anteriormente vertido, corresponde hacer saber que la decisión cautelar de ningún modo implica la suspensión de los controles efectivos y permanentes que en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales constituyen deber y responsabilidad del Poder  Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución Provincial, Ley Nacional de Protección del Ambiente, Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos y leyes provinciales concordantes. Esta respuesta fue firmada electrónicamente por los jueces:  Victor Emilio Del Rio; Isabel Maria Grillo Iride; Alberto Mario Modi; Emilia Maria Valle y Nestor Enrique Varela.

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 2 segundosCon su planta instalada en La Escondida, Chaco, Indunor, en línea con su compromiso ambiental, avanza en la verificación de su huella de carbono, ya cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD) de su extracto de quebracho Silvafeed Q exportado a la Unión Europea. Silvateam Argentina, tal el nombre de la compañía que opera en la trampa, cumple con el Reglamento EUDR 1115/2023, consolidando su inserción en mercados internacionales altamente competitivos. “En INDUNOR – Silvateam Argentina, la sostenibilidad es el eje que guía cada uno de nuestros proyectos”, dijo la ingeniera química Jorgelina Alegre, responsable del Sistema de Gestión Integrado de Indunor S.A. A través de la investigación, la innovación y el desarrollo de prácticas productivas responsables, “impulsamos actividades que generan valor agregado y fortalecen el compromiso con un futuro ambiental y socialmente sostenible”, indicó. Entre ellos, la ingeniera Alegre mencionó la Certificación de Fuentes Controladas PEFC – Cadena de Custodia, que verifica que la madera utilizada por la industria provenga de bosques gestionados de acuerdo con criterios de sostenibilidad. Este procedimiento es fundamental para garantizar el uso de materias primas legales, trazables y sostenibles, señaló. la ingeniera química Jorgelina Alegre, responsable del Sistema de Gestión Integrado de Indunor S.A. responsable del Sistema de Gestión Integrado de Indunor S.A. La compañía se destaca por un modelo de producción basado en el manejo forestal responsable, cumpliendo con normativas provinciales y nacionales, y certificaciones internacionales como la PEFC COC 2002:2020, que garantizan la trazabilidad desde el productor hasta el consumidor final. UN SISTEMA DE GESTION CON TRAZABILIDAD Las industrias que participan en el sistema deben implementar un sistema de gestión que asegure la trazabilidad de las materias primas de origen forestal, desde su adquisición hasta la elaboración del producto final. Los productos forestales que pueden certificarse bajo el Sistema CERFOAR – PEFC Argentina incluyen aquellos compuestos por materias primas provenientes de bosques nativos y/o implantados. La certificación se realiza conforme a la norma internacional PEFC ST 2002:2020 – Cadena de Custodia de Productos Forestales. De los distintos métodos previstos para garantizar la trazabilidad, INDUNOR – Silvateam Argentina aplica el método de separación física, que exige asegurar que la materia prima certificada no se mezcle con otra y que se mantenga claramente identificable durante todas las etapas del proceso (transporte, almacenamiento, producción, etc.). Asimismo, INDUNOR demuestra su compromiso con los requisitos sociales, de salud y seguridad ocupacional establecidos por la norma, los cuales se basan en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. La concesión del certificado requiere superar una auditoría de tercera parte, realizada por un organismo de certificación acreditado y autorizado por CERFOAR – PEFC Argentina. El ciclo de certificación de Cadena de Custodia tiene una duración de cinco años. Inicia con la decisión de otorgamiento o renovación del certificado e incluye cuatro auditorías de seguimiento, correspondientes al 1°, 2°, 3° y 4° año del ciclo. VERIFICACIÓN EUDR En el marco de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad, conservar los bosques y promover sistemas sostenibles de producción, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, relativo a determinadas materias primas y productos asociados con la deforestación y la degradación forestal. Si bien el extracto de quebracho aún no se encuentra incluido en el anexo de productos pertinentes, INDUNOR ha definido como política institucional iniciar el proceso de adecuación progresiva a los requisitos del EUDR, anticipando futuras exigencias regulatorias. Para los operadores de la Unión Europea, demostrar la conformidad de los bienes adquiridos con la normativa representa un desafío significativo, especialmente en el caso de productos con procesos industriales complejos y múltiples intermediaciones comerciales. A su vez, las autoridades competentes de los Estados miembros deben verificar la idoneidad de los sistemas de diligencia debida aplicados por las empresas cuyos productos se destinan al mercado comunitario. CUALES SON LAS REGLAMENTACIONES El reglamento prohíbe la comercialización en el mercado de la UE y la exportación desde la UE de productos que hayan contribuido a la deforestación o degradación forestal posterior al 31 de diciembre de 2020, o sean ilegales, por no cumplir con la legislación vigente en el país de origen de las materias primas. El EUDR se basa en la diligencia debida obligatoria y preventiva, que toda persona física o jurídica que introduzca o exporte productos regulados en el mercado europeo debe aplicar. Este proceso comprende tres etapas: 1. Recopilación de información sobre el producto, la geolocalización de las parcelas donde se obtuvo la materia prima, la legislación vigente en la zona de producción y la ausencia de deforestación o degradación forestal desde el 1 de enero de 2021. 2. Evaluación de riesgos, considerando la complejidad de la cadena de suministro, las características del país y la región de origen, la presencia de pueblos indígenas, las reclamaciones territoriales y otros aspectos vinculados al respeto de los derechos humanos. 3. Mitigación de riesgos, mediante la obtención de documentación adicional, investigaciones complementarias y/o auditorías independientes de terceros. LEGALIDAD  Y TRAZABILIDAD En este contexto, los proveedores pueden poner a disposición de sus clientes europeos documentación que respalde la legalidad y trazabilidad del origen de la madera, entre ellos: – concesiones forestales, permisos de extracción o contratos de compraventa de madera o de árboles en pie; registros catastrales o de propiedad de la tierra; comprobantes de pago de impuestos relacionados con la extracción; evidencia del cumplimiento de la legislación ambiental y forestal, planes de manejo y conservación; acuerdos que respalden el respeto de los derechos legítimos de terceros sobre el uso de la tierra; documentación comercial que permita reconstruir la trazabilidad (facturas, remitos, documentos de transporte, etc.); certificaciones forestales (gestión forestal y/o cadena de custodia). En relación con el EUDR, esta información constituye la base para la evaluación de riesgos, que debe considerar los siguientes parámetros: nivel de riesgo atribuido al país de producción; presencia y extensión de bosques; existencia de pueblos indígenas y mecanismos de consulta previa; denuncias fundadas sobre el uso o propiedad…

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 49 segundosEn una iniciativa conjunta de Unitán y ReForest Latam se puso en marcha el primer proyecto de regeneración natural asistida en las provincias de Chaco (Pampa Almirón) y Formosa (Villa 213). De esta manera se incorpora una novedosa tecnología basada en la combinación de drones de siembra de alta precisión y cápsulas biotecnológicas diseñadas para potenciar la germinación y el desarrollo de estas especies en condiciones adversas. Esta innovación acelera los tiempos de ejecución y permite intervenir áreas remotas, imposibles de alcanzar con métodos convencionales, ideal para enriquecer y restaurar bosques degradados. Así lo detalló el asesor legal de la firma, Gustavo Ferrer, en diálogo con AgroProfiles Radio, donde afirmó que estos desarrollos “pueden dar una potencialidad enorme para avanzar más rápido en los procesos de forestación”. El proyecto se alinea con estrategias de producción sustentable, generación de biomasa y certificación de bonos de carbono, señaló. La incorporación de drones de gran porte para tareas de siembra constituye uno de los ejes innovadores que impulsa la empresa. Según explicó Ferrer, la herramienta “lanza cápsulas que contienen semillas, fertilizantes y todos los elementos necesarios para iniciar el proceso de crecimiento”. Este sistema “permite acelerar las tareas de forestación, especialmente en zonas de difícil acceso, donde el traslado de plantines demanda logística compleja y costos elevados” agregó. SE CONTROLA CON IA Además, señaló que el procedimiento incorpora controles periódicos mediante inteligencia artificial. “Cada 90 días se evalúa la evolución de la siembra, la adaptación al entorno y la respuesta del sustrato”. Ferrer señaló también que “la tecnología genera una agilidad que baja costos y permite escalar el proceso de manera notable”. Por otra parte, recordó que la empresa Latam Forest, aliada estratégica de Unitan, ha sido reconocida nacional e internacionalmente por el desarrollo de este método, que ya se probó en unas 400 hectáreas en las zonas de Pampa Almirón y Villa 2 13. La firma sostiene que, de funcionar plenamente, podría convertirse en un modelo replicable a gran escala. Este modelo de Regeneración Natural Asistida que nos presentaron UNITAN y ReForest Latam está científicamente validado, es escalable y dará un impacto ambiental positivo y duradero. BIODIVERSIDAD Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL En otro orden, Ferrer destacó el trabajo de control de biodiversidad asociado a los proyectos forestales. Remarcó que el avance tecnológico está acompañado por “estudios que demuestran cómo se desarrollan los animales, la naturaleza y los productos naturales alrededor del proceso”, dijo. Y añadió que estos análisis “forman parte de una segunda etapa para la obtención de certificados de bonos de carbono, herramienta clave en la transición hacia prácticas productivas sustentables”. El proyecto contempla la medición del impacto ambiental, la aparición de nuevas especies y la consolidación de ecosistemas diversificados. “No solo es forestar; es demostrar el impacto positivo en el ambiente y en la biodiversidad”, afirmó Ferrer. Para él, este enfoque integral “busca incorporar especies más atractivas para la fauna local, especialmente en Formosa, donde las condiciones de suelo y clima amplifican los resultados. La meta es fortalecer los ecosistemas y sumar valor ambiental a la producción forestal”. SE PODRIAN HACER ALIANZAS ENTRE EL PUBLICO Y EL PRIVADO Ferrer enfatizó la importancia de la articulación con el sector público para expandir las iniciativas innovadoras. Según su visión, “el sector privado puede dar los pasos iniciales en innovación, pero quien puede darle escala es el Estado”. Resaltó en este sentido que “la política pública sería clave para masificar las prácticas, llegar a más productores y consolidar una estrategia provincial de reforestación sustentable”. Asimismo, recordó antecedentes exitosos de colaboración público-privada, como el trabajo del INTA en la mejora genética del algodón en Sáenz Peña. “Estos ejemplos muestran el potencial de la articulación institucional para transformar matrices productivas completas”, dijo. Por ello, consideró que el desafío actual consiste en coordinar acciones, unificar criterios y sostener políticas a largo plazo. “El sector privado ya lo viene haciendo porque necesita subsistir; lo que falta es una coordinación que haga las cosas más fáciles”, afirmó Ferrer. En este sentido, remarcó que la provincia del Chaco tiene condiciones climáticas favorables y una base ganadera sólida para avanzar en este modelo. PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL El uso de drones y tecnologías de precisión abre una nueva etapa para la forestación en la región. El asesor de Unitan planteó que existen amplias zonas para expandir el modelo, especialmente en el eje entre la ruta 16 y la ruta 95, áreas tradicionalmente ganaderas, pero con alto potencial forestal. La clave, según Ferrer, “está en comprender que el cultivo forestal puede convivir con otras actividades, generando beneficios económicos y ambientales. En Corrientes, casi el 50% de las forestaciones están integradas con ganadería”, ejemplificó. Al finalizar, destacó que la provincia puede avanzar hacia un desarrollo más competitivo si alinea las iniciativas del sector privado con políticas públicas de largo plazo. “Los objetivos están trazados; si Estado y sector privado suman esfuerzos, el desarrollo del Chaco está garantizado”, concluyó Gustavo Ferrer.

Tiempo de lectura aprox: 24 segundosEn representación del Gobierno de Corrientes y del Ministerio de Producción, el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Ing. Ftal. Luis Mestres, participó como miembro de la Comisión de la Asamblea de la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC), realizada en la sociedad rural de Paso de los Libres. Durante el encuentro se aprobó el balance anual y se debatieron los próximos pasos estratégicos para seguir fortaleciendo el sector foresto-industrial provincial. La Asociación tiene como misión la ejecución del Plan Estratégico de Foresto Industria, y en esta instancia se presentaron propuestas para el próximo año y se abordaron avances en materia de sanidad forestal, entre otros temas relevantes. Fuente: Ministerio de Producción de Corrientes

Tiempo de lectura aprox: 28 segundosLa empresa propone adelantar vacaciones al personal, pago en cuotas del aguinaldo de diciembre y 60% de los salarios. El actual acuerdo firmado con la empresa culmina este 30 de noviembre. Fue por el cual los 430 operarios volvieron a la planta desde fines de agosto pasado. A horas de la finalización del acuerdo firmado entre la patronal de la firma ubicada en Gobernador Virasoro y los trabajadores (este 30 de noviembre), tendrán una nueva audiencia en la delegación de la Secretaría de Trabajo, para llegar a un nuevo convenio. Trascendió que propone adelantar vacaciones y pagar el 60% del sueldo sin presencia del personal en la planta, y el aguinaldo de diciembre en cuotas. Este convenio sería hasta el 28 de febrero, fecha para la cual la fábrica ya tendría nuevo dueño, según hizo saber la empresa. Los trabajadores adelantaron que rechazarán la propuesta por insuficiente.

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 2 segundosAltos costos operativos, caída del mercado interno y baja rentabilidad exportadora agravan la situación del sector foresto-industrial de la Mesopotamia argentina, que advierte un final de año crítico ante la falta de respuestas del gobierno nacional para implementar medidas que favorezcan el consumo y repunten las ventas. Las provincias «líderes» en foresto-industria, atraviesan uno de los peores momentos para su actividad en el segmento de PyMEs. La combinación de tarifas en alza, combustible más caro, fuerte caída de la demanda interna y márgenes exportadores cada vez más ajustados presiona especialmente a los aserraderos pequeños y medianos, que este año iniciaron con reducción de turnos, suspensión de personal y, en varios casos, cerraron sus puertas. La misma tendencia se replica en Santa Rosa, Corrientes, donde dirigentes de las cámaras sectoriales vienen alertando un deterioro acelerado que “no repunta”. Ramón Sotelo, presidente del Parque Foresto-industrial Santa Rosa y referente de la Asociación de Madereros y Afines de Santa Rosa y de la APEFIC, es una de las voces que sintetiza el clima de preocupación. Propietario de Todo Pallets —con plantas en Saladas y Santa Rosa—, reconoce que 2025 fue un año cuesta arriba desde el primer trimestre. “Arrancamos reduciendo personal de 50 operarios y recortando turnos. La planta del Parque Foresto-industrial se mantuvo activa gracias a la exportación de pallets, pero con una rentabilidad muy baja. Las otras dos fábricas, que dependen del mercado interno, directamente no repuntan. Hay muy pocos pedidos y trabajamos al 60% de la capacidad”, explicó en la entrevista. Costos en alza y presión fiscal: “No tenemos respuestas del Gobierno Nacional” Aunque la baja de aranceles en Estados Unidos abrió una oportunidad y permitió cerrar algunos contratos, Sotelo sostiene que las PyMEs están asfixiadas. “La AFIP sigue inspeccionando y presionando por pagos cuando la actividad está desplomada. No podemos afrontar créditos, se acerca fin de año con aumentos salariales y aguinaldo, y las ventas no se mueven. Necesitamos medidas urgentes y no recibimos ninguna respuesta del Gobierno nacional. Incluso hablé de la necesidad de financiamiento con la directora nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Sabina Vetter, pero no tenemos respuestas aún”, lamentó. Desde AMAYADAP y APICOFOM en Misiones vienen planteando diagnósticos similares: caída del consumo interno, deudas crecientes, tarifas impagables y riesgo cierto para la continuidad de muchas empresas y empleos. Mercado interno paralizado: “No pudimos trasladar a precios ningún aumento” Sotelo trabaja con grandes clientes nacionales, como Loma Negra, vinculados a la construcción. Pero la obra pública y privada se encuentran prácticamente paralizadas y las órdenes de compra suspendidas. “El mercado nacional está totalmente caído. No hay poder de compra. Mantenemos los mismos precios que en 2024 y absorbimos todos los aumentos de logística, salarios, servicios e impuestos de 2025. Es imposible sostener así a una PyME por mucho más tiempo”, señaló. La situación ya dejó consecuencias visibles: en la localidad de Santa Rosa, unos 40 aserraderos operan con planteles reducidos y menos horas. “Seis aserraderos del Parque pararon a comienzos de año y nunca lograron volver a arrancar. El resto trabaja al 60%. No vemos señales de que esto cambie en los próximos meses”, añadió. En paralelo, el dirigente expresó su preocupación por la negociación salarial entre FAIMA y USIMRA en este contexto crítico, que tomó alta tensión en las últimas semanas ante el contexto difícil para los empleadores de aumentar los salarios, situación que fue expuesta por AMAYADAP en los medios locales. “Con precios planchados, sin ventas y sin refinanciamiento, no podemos absorber más aumentos. No sabemos cómo vamos a pagar el aguinaldo en diciembre. Los bancos no refinancian y la AFIP tampoco ofrece alternativas. Es una situación límite”, advirtió. Con información de ArgentinaForestal.com.