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El ingeniero agrónomo chaqueño Miguel Ángel López, empresario y productor forestal, le hizo un pedido publico al ministro de Economía de la Nación, Federico Sturzenegger, para la derogación de la Ley de Bosques 26.331 y revisión del marco normativo para el desarrollo productivo.
López argumenta que se trata de una legislación que, lejos de cumplir con sus objetivos originales, ha generado severos impedimentos para el desarrollo económico y productivo de las provincias.
Desde su sanción, esta ley fue presentada como un instrumento para la conservación del bosque nativo, estableciendo un sistema de protección que incluía la asignación de fondos destinados a garantizar la sostenibilidad ambiental sin afectar la producción. Sin embargo, esos recursos nunca fueron efectivamente transferidos, dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad, donde la normativa sí ha sido aplicada para restringir el uso del suelo y frenar inversiones estratégicas, sin que existan mecanismos de compensación real.
El contexto legislativo y su impacto en las provincias
En el debate previo a la sanción de la ley, se había establecido un consenso político que reconocía que cualquier restricción impuesta por el Estado nacional sobre el uso de los recursos naturales debía ir acompañada de un financiamiento compensatorio, dado que las provincias perderían oportunidades económicas derivadas del aprovechamiento de dichos recursos. A pesar de esto, el financiamiento prometido nunca se cumplió, generando un desequilibrio que afecta directamente la autonomía y el desarrollo productivo de cada jurisdicción.
El uso distorsionado de la ley y la judicialización del desarrollo
A lo largo de los años, diversas organizaciones ambientalistas han utilizado interpretaciones tendenciosas de la Ley 26.331 y la difusión tergiversada de información para instalar discursos alarmistas en los medios de comunicación, magnificando problemas inexistentes y caracterizando a sectores productivos como destructores del ambiente.
Esta estrategia ha servido de base para la judicialización sistemática de actividades económicas legítimas mediante amparos y medidas cautelares, afectando la seguridad jurídica de los productores e impidiendo el desarrollo de la inversión.
Estos mecanismos configuran un claro caso de lawfare, donde se manipula la normativa ambiental para generar trabas judiciales a sectores clave como la producción forestal, agrícola y ganadera. A través de litigios promovidos por grupos activistas, se busca impedir el normal desarrollo de actividades productivas esenciales para el crecimiento del interior del país.
Manipulación de discursos y uso de comunidades indígenas
Otro aspecto preocupante ha sido el uso de comunidades indígenas como herramienta de presión en esta narrativa. En varias ocasiones, grupos ambientalistas han atribuido a comunidades aborígenes posturas que no necesariamente reflejan sus verdaderas preocupaciones ni intereses, utilizándolos para legitimar restricciones que afectan el manejo sostenible del bosque y limitan el progreso de las economías regionales.
La realidad es que el aprovechamiento responsable de los recursos naturales es la vía más efectiva para el desarrollo de las provincias. La producción forestal, cuando se realiza bajo prácticas sostenibles, no solo genera empleo y riqueza, sino que también garantiza el cuidado del ambiente a través de estrategias de manejo eficiente del ecosistema.
Un nuevo marco normativo en el contexto de la Ley Bases y el Pacto de Mayo
En este nuevo escenario político, marcado por la sanción de la Ley Bases, el país avanza hacia una mayor apertura para el desarrollo productivo y la inversión. Finalmente, el sector privado encuentra condiciones favorables para trabajar sin las trabas impuestas por regulaciones excesivas.
Además, el Pacto de Mayo, impulsado por el gobierno, reafirma el principio de autonomía provincial, estableciendo que cada jurisdicción debe tener el derecho de administrar sus propios recursos sin interferencias de normativas nacionales restrictivas. La vigencia de la Ley 26.331 contradice este espíritu federalista, imponiendo regulaciones sobre el uso del suelo que deberían ser competencia exclusiva de cada provincia.
Propuesta concreta: Restablecimiento de la competencia provincial
La propuesta se centra en derogar la Ley de Bosques 26.331, eliminando la intervención del Estado nacional en:
– La evaluación y acreditación de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), cuya elaboración y puesta en vigencia deben ser competencia exclusiva de las provincias (como lo establece el Art. 124 de la Constitución Nacional).
– Los planes y autorizaciones que las provincias regulen, asegurando que toda normativa sobre manejo de los recursos naturales quede bajo su exclusiva competencia.
– El Fondo Nacional de Bosques, cuya implementación ha resultado impracticable y cuyo mantenimiento distorsiona la gestión real de los recursos forestales.
Conclusión: La necesidad de una reforma estructural
Por todo lo expuesto, solicito su intervención para revisar esta legislación y generar un sistema normativo que impulse el desarrollo, la inversión y la producción en las provincias, sin desatender la protección ambiental.
La derogación de la Ley 26.331 permitiría establecer reglas claras y justas, donde la conservación del bosque nativo no sea utilizada como una herramienta de litigio para frenar el crecimiento económico.
Quien es Miguel López
Miguel Angel López es un ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, empresario y productor, con 43 años de trabajo en la provincia del Chaco.
Ex director de Bosques de Chaco (2010-2013); vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño con sede en Los Frentones, miembro Técnico de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA).
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